México, 3 dic (PL) La aprobación de la Ley de Seguridad Interior podría generar mayores violaciones a las garantías básicas de la población mexicana, advierten hoy organizaciones defensoras de derechos humanos.
Fue la reacción a la luz verde que recibió la legislación en la Cámara de Diputados, y que establece un marco normativo a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
Sin embargo, críticos de la ley afirman que además de propiciar violaciones a los derechos humanos también postergará la profesionalización de las policías estatales y municipales.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -organización integrante del colectivo Seguridad sin Guerra-, afirmó que el dictamen aprobado por los diputados genera preocupaciones muy concretas por su diseño ineficiente, y no porque los grupos de la sociedad civil tengan una postura ideologizada o antiejército.
No hay mecanismos de monitoreo de las actividades de los uniformados ni tampoco de rendición de cuentas, además de contemplar un carácter demasiado amplio de lo que se puede considerar una amenaza a la seguridad interior, afirmó.
Tampoco se imponen límites temporales precisos para los operativos castrenses.
La legislación no toma en cuenta datos objetivos que indican un aumento en las violaciones de derechos humanos en la reciente década a causa de la intervención militar en labores de seguridad pública, y simplemente se limita a prometer que no habrá abusos de soldados en contra de la población civil, indicó Aguirre.
De su lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que analizará la constitucionalidad de la norma en caso de que se apruebe de manera definitiva en el Senado.